LA RUTA DEL ARSENAL BÚLGARO

Los cuatro contenedores en los que llegaron a Colombia 7.640 fusiles AK- 47 de fabricación búlgara, con destino a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1999, fueron desembarcados en Buenaventura sin ser revisados y lograron pasar, con papeles extrañamente en regla, todos los controles oficiales entre ese puerto y Medellín.

Así lo determinó la Fiscalía, luego de revisar los documentos recogidos en cerca de diez allanamientos que se realizaron en varias ciudades del país.

Según esos documentos y testimonios, el primer cargamento salió del puerto de Varna (Bulgaria), el 5 de junio de 1999. Las armas llegaron a Buenaventura en los contenedores marcados con el registro HLCU 2028301 y HLCU 4195735, a finales de julio, en la motonave CSAV Perú, viaje 941, bajo la modalidad FCL (Full Container Load). Esto significa que fueron entregados completamente sellados y de esta misma manera debían ser recibidos.

Según lo consignado en la primera medida de aseguramiento de la Fiscalía contra el mayor del Ejército, Orlando Alberto Martínez, la negociación de las armas comenzó el 29 de abril de 1999.

La empresa Equipos y Repuestos Ltda. de Bogotá, representada por Humberto Agredo, firmó un millonario contrato con la compañía Arsenal Co. de Bulgaria para la compra, a nombre del Ejército de Colombia, de 7.640 fusiles AKS 47 MIAL.

La firma búlgara, representada por Nicolay Hristov Ibushec, celebró el contrato número 03 E 99/06.04. 1999. Un informe de inteligencia de la Policía, que colabora en la investigación con la Fiscalía, señala que el negocio se cerró por un valor cercano a los 3 millones de dólares.

De acuerdo con lo estipulado por las partes en el contrato, las armas deberían ser entregadas en piezas separadas y en dos despachos. El valor del flete fue de 6.100 dólares (unos 14 millones de pesos).

El segundo cargamento

La segunda entrega salió de Bulgaria el 26 de noviembre de 1999, en los contenedores HLCU 2043754 y HLCU 4089409, y llegó a Colombia en enero del 2000.

Esos contenedores, que salieron también desde el puerto de Varna (Bulgaria), fueron trasladados en la motonave Nedlloyd Clement V.0007 SB y reclamados en Buenaventura (Valle), por los representantes de la firma Equipos y Repuestos.

Ese día, llegaron con decenas de carpetas que contenían los documentos que les permitieron pasar el cargamento sin que fuera revisado por la Dian, el Incomex y las autoridades portuarias.

Los documentos señalaban que los contenedores tenían los permisos necesarios para evitar una inspección física. Incluso, los representantes dijeron que lo que estaban ingresando al país era maquinaria rectificadora.

Cómo obtuvo esta firma privada esos permisos? Eso es lo que tratan de establecer los fiscales encargados del caso.

Cada embarque, según la investigación, salió del puerto en dos tractomulas.

Algunos testigos aseguraron que esos vehículos salieron escoltados por hombres fuertemente armados, que se movilizaban en automóviles y que esperaron la carga a la salida del puerto , dijo un investigador.

Igualmente, las autoridades lograron establecer que las tractomulas viajaron escoltadas hasta Medellín.

Allí se perdió el rastro de las armas, hasta que empezaron a ser decomisadas por el Ejército, el DAS y la Policía, luego de varios enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla, en Sucre, Magdalena y Bolívar.

Los investigadores comprobaron que esas armas hacían parte del millonario lote que vendió Bulgaria.

Funcionarios del país europeo explicaron a los investigadores colombianos que viajaron hasta ese país, que las armas fueron vendidas de manera legal al Ejército de Colombia y mostraron documentación que respaldaba sus versiones.

Sobre esto, la Fiscalía advierte: Es evidente que el Ejército Nacional como institución nunca firmó ni contrató ni realizó la importación de los fusiles .

La Fiscalía realiza inspecciones judiciales y recibe declaraciones de personas vinculadas en los hechos.

Por este caso deberán permanecer detenidos el capitán del Ejército Jorge Enrique Rojas Galindo, acusado del atentado contra el jefe sindical Wilson Borja, y su esposa Esperanza García, representantes de la firma Equipos y Repuestos, y el mayor de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) Orlando Alberto Martínez, separado de la institución.

El coronel retirado del Ejército Alvaro Elías Torres, recuperó su libertad, pero sigue vinculado al proceso, al igual que Jorge Isaac Briñez Ruiz y William Martínez Gómez, que participaron en el traslado de los contenedores.

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Estos fusiles decomisados en la Costa Caribe hacían parte del arsenal que llegó de Bulgaria para las Autodefensas.

Archivo / EL TIEMPO